El Panel del Fiscal Especial Independiente fue creado en 1988, bajo la administración del gobernador Rafael Hernández Colón y con el secretario de Justicia Héctor Rivera Cruz como figura clave en su diseño. Su creación respondió a un problema estructural que se repetía en Puerto Rico desde hacía décadas: el Departamento de Justicia, por su subordinación al Ejecutivo, enfrentaba conflictos al investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente cuando esos funcionarios pertenecían al mismo partido que controlaba el gobierno. La solución fue establecer un mecanismo externo, con autonomía funcional, que pudiera asumir investigaciones cuando el sistema ordinario no ofrecía garantías suficientes de independencia. El FEI nació como un intento de corregir una falla institucional evidente: la incapacidad del Estado para investigarse a sí mismo cuando los investigados ocupaban posiciones de poder.
Desde su origen, el FEI fue concebido como un organismo incómodo. Su función no era complacer a nadie, sino intervenir en los casos donde la política y la ley se cruzaban de manera conflictiva. Su existencia implicaba reconocer que el poder político, sin supervisión independiente, tiende a protegerse. Por eso, desde el primer día, el FEI operó bajo la presión de expectativas contradictorias: debía ser firme sin ser arbitrario, independiente sin ser percibido como opositor, y riguroso sin convertirse en un instrumento político. Esa tensión ha marcado toda su historia.
A lo largo de las décadas, el FEI ha tenido que evaluar la conducta de gobernadores, secretarios y alcaldes, y cada uno de esos casos ha moldeado su credibilidad pública. Cuando investigó a la gobernadora Sila María Calderón, el proceso evidenció la dificultad de examinar decisiones tomadas desde la cúspide del poder. Aunque no se radicaron cargos, el solo hecho de que el FEI interviniera mostró que la institución podía mirar hacia arriba, aunque el resultado final dejara dudas sobre su capacidad para actuar con contundencia en ese nivel. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, el FEI abrió investigaciones paralelas a las federales, pero terminó archivando varias de ellas. Ese archivo reforzó la percepción de que el FEI es más efectivo cuando investiga niveles intermedios del poder que cuando enfrenta directamente a un gobernador.
El FEI también ha intervenido en casos que involucran a secretarios de gabinete y jefes de agencia. La investigación sobre la exsecretaria de Educación Julia Keleher mostró las limitaciones del FEI cuando el gobierno federal ya domina la evidencia y el proceso. Aunque el FEI examinó aspectos locales, terminó archivando su pesquisa. Lo mismo ocurrió con la exdirectora de ASES, Ángela Ávila, cuyo caso fue archivado pese a su conexión con un esquema federal de corrupción. Estos archivos alimentaron la percepción de que el FEI enfrenta dificultades cuando los casos involucran redes complejas de consultores, contratistas y funcionarios con acceso directo al Ejecutivo. Los casos contra alcaldes han sido los más visibles y los más contundentes. El procesamiento del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, demostró que el FEI puede actuar contra figuras con poder político local significativo. El caso del exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por negligencia en el manejo de fondos públicos, reforzó esa percepción. En estos niveles, el FEI ha logrado radicar cargos, sostener procesos y obtener resultados concretos, en parte porque la estructura de poder municipal es menos capaz de influir en el proceso investigativo.
Sin embargo, la credibilidad del FEI no depende solo de sus éxitos. También carga con el peso de sus archivos, sus demoras y las expectativas imposibles que la ciudadanía deposita en él. Cada vez que archiva un caso, se le acusa de proteger al poder. Cada vez que radica cargos, se le acusa de persecución política. Cada vez que tarda, se le acusa de ineficiencia. El FEI opera en un entorno donde ninguna decisión está libre de interpretación política, porque investiga precisamente a quienes toman decisiones políticas...
En este contexto histórico, la investigación actual relacionada con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio vuelve a colocar al FEI en el centro del debate público. El caso comenzó con la destitución del subsecretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la suspensión de la jefa de personal, Charlene Neuman Rivera, tras una investigación independiente que identificó presiones indebidas, represalias contra empleados denunciantes y posibles alteraciones en procesos competitivos financiados con fondos federales. La renuncia del entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, abrió una nueva fase del conflicto cuando presentó querellas ante el FEI, Ética Gubernamental, Justicia y el Senado, alegando intervenciones indebidas del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, posibles delitos, conflictos de interés y presiones para favorecer proyectos vinculados a la firma de cabildeo Politank.
La respuesta de Domenech fue inmediata y agresiva: presentó declaraciones juradas acusando a Negrón de al menos cinco delitos de corrupción, incluyendo conflicto de interés por su relación con el bufete de su abuelo, Reichard & Escalera, y por la creación de una corporación por parte de su esposa que, según él, buscaba beneficiarse de decisiones del DDEC. Ambas narrativas son incompatibles entre sí, y ambas involucran a funcionarios con acceso directo al poder político. Ese choque es precisamente el tipo de situación para la cual fue creado el FEI.
El Panel designó a dos fiscales especiales independientes para manejar la investigación: Fabiola Acarón Porrata‑Doria e Ileana Agudo Calderón. Ambas tienen experiencia en casos de integridad pública, delitos económicos y corrupción gubernamental. Acarón Porrata‑Doria es conocida por su rigor en la evaluación de conflictos de interés y su capacidad para manejar expedientes complejos. Agudo Calderón ha trabajado casos que involucran múltiples partes, evidencia extensa y alegaciones cruzadas. La designación conjunta de estas fiscales indica que el FEI reconoce la complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo que abarque tanto las alegaciones de Negrón como las de Domenech, así como las irregularidades identificadas en OGPe.
La intervención del FEI en este caso demuestra que la institución sigue siendo el foro donde se dirimen conflictos internos del Ejecutivo cuando hay alegaciones de presiones indebidas, conflictos de interés y decisiones administrativas que podrían constituir delitos. También evidencia que, a pesar de las críticas, el FEI continúa siendo el mecanismo institucional que se activa cuando las disputas internas del poder alcanzan un nivel que compromete la confianza pública.
A pesar de sus limitaciones, el FEI sigue siendo un componente esencial del sistema institucional puertorriqueño. Su existencia es una declaración política en sí misma: el Estado reconoce que necesita un mecanismo independiente para fiscalizar a su propia clase gobernante. Cada caso que el FEI asume es una prueba de la capacidad del país para sostener un sistema donde la ley se aplica incluso a quienes la administran. Su historia demuestra que, aunque imperfecto, el FEI es uno de los pocos espacios donde el poder político puede ser examinado sin filtros partidistas directos. En un sistema donde el poder tiende a protegerse, el FEI representa la posibilidad —siempre frágil, siempre disputada— de que la ley pueda imponerse incluso cuando los investigados ocupan las posiciones más altas del gobierno.
El FEI bajo la lupaAUTHOR: Daysi Sanchez Collazojulio 15, 2026
Una exsecretaria de la Gobernación y un exfiscal especial independiente plantearon posibles escenarios para el secretario de la Gobernación Francisco Domenech Fernández y la subsecretaria Itza García Rodríguez, tras la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) de investigarlos...
“Aunque creo que (Domenech) lo debió haber hecho hace tiempo, no le queda remedio alguno que irse por el bien de Puerto Rico. Creo que (la gobernadora Jenniffer González Colón) hace tiempo tuvo que haber tomado la determinación de que, si él no se lo decía, que se lo exigiera, separarlo del puesto. Pero ahora con un PFEI, no hay alternativa”, sentenció Laboy en entrevista telefónica con este medio...La asignación del PFEI sucede a raíz de las alegaciones de irregularidades en la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) señaladas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard. Entre ellas, la presunta intervención de Domenech Fernández en una pesquisa interna contra el entonces director de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, para que permaneciera en su puesto y por supuestamente favorecer en subastas a empresas vinculadas con su pasada firma de cabildeo, Politank.“Ejercicio de prudencia” la remociónComo mínimo, aseguró, ninguno de los dos funcionarios debe estar en La Fortaleza, una observación con la que coincidió el licenciado y exfiscal especial independiente Ernie Cabán Santiago.El hecho de que las alegaciones de delito están vinculadas a su ejercicio de función es un asunto que tiene que sopesar el impacto que va a tener en el pueblo. Es un ejercicio de prudencia remover al investigado de su cargo, en todo caso donde las alegaciones de delito están vinculadas a su ejecutoria.Si bien no emitió una recomendación de destitución como Laboy Alvarado, sostuvo que es una opción, ante las solicitudes públicas de figuras como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, por laceración de confianza del pueblo y de las instituciones.“La gota que colmó la copa”: exfuncionarios analizan controversia de DomenechDos exfuncionarios consultados por EL VOCERO opinaron sobre la controversia que rodea al secretario y la subsecretaria de la Gobernación en el PFEI.Especial para El Vocero
- Por: Joaquín Rosado Lebrón: Periodista de investigación y salud en Puerto Rico. Trabaja como reportero en Metro Puerto Rico y ha colaborado con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Grist cubriendo temas ambientales y de salud pública. Ha publicado reportajes especiales de alto perfil político y gubernamental en El Vocero de Puerto Rico, incluyendo el seguimiento a las pugnas en la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada y las reuniones de la gobernación ante pesquisas de las fiscalías especiales.
20/07/2026
Es más que obvio que es una agenda política contra la Gobernadora Jenniffer González y su Secretario de la Gobernación Francisco Domenech. Todos los mencionados, ninguno es PNP, Zoe Laboy dice que lo es pero nunca ha sido una activista de las causas del partido, es una arribista política que se ha unido al ex-gobernador cogioquero Aníbal Acevedo Vilá, quien fue acusado por los federales por donativos de campaña y el FEI le archivó los casos, en el plano federal se burló de un jurado, con muchos millones para su defensa.
La creación del FEI en el 1988, es consecuencia de este caso, donde la izquierda le declaró la guerra política a la derecha representada por Carlos Romero Barceló, al que nunca pudieron culpar por lo que sucedió en el Cerro Maravilla, y los populares se aprovecharon para crear un organismo que les permita usar la justicia para perseguir a la oposición hasta los altos poderes del gobierno, porque ningún popular-independentista, será acusado ante ese cuerpo ni en el Dpto. de Justicia. Por cierto, al ex-alcalde popular de Mayagüez nunca lo acusaron.
¿Por qué si Ernie Cabán le pide a la fiscal que se inhiba del caso, en la noticia no se reafirma y le pide a Domenech que renuncie? Por cierto, el ex-alcalde de Moca es del PNP. ¿Casualidad?
Porque cuando gobiernan los populares, ninguno se rasga las vestiduras para acusar a un populete que "podría" violar la ley y el FBI les archiva los casos como hicieron con Yulín y AAV, que salió no culpable porque gastó una suma millonaria para su defensa, dinero que le recogieron los mismos populares, dicen ellos, es obvio que existe un esquema claro para hundir a todo aquel que no esté en su mundo bizarro colonial y en el PNP no hay voluntad para enfrentarlos, parecería que les tienen miedo o son parte de la cofradía.
La primera mandataria sostuvo que todas las alegaciones contra Domenech, así como contra la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, deben examinarse de manera objetiva.“Siempre he sido consistente en que todas las alegaciones deben ser investigadas en su totalidad y así despejar y aclarar todos los hechos. El PFEI se creó para ser un ente que evalúa la evidencia de manera objetiva, imparcial y respetando el debido proceso de ley”, argumentó la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).“Estoy segura de que el secretario y la subsecretaria de la Gobernación cooperarán con todo el proceso para que no quede sombra de duda una vez finalizada la investigación”.
Panel de Fiscal Especial Independiente amplía pesquisa sobre corrupción para incluir a secretario de la Gobernación de Puerto RicoLas fiscales también indagarán en las acciones de Itza García, subsecretaria de la Gobernación bajo la Administración de Jenniffer González
No han podido repetir el Verano 2019, si no les funciona el FEI, planean un referéndum revocatorio, así es que, los puertorriqueños comiencen a ver de que lado están, si sucumben ante los enemigos políticos, ir contra la gobernadora como hicieron con Ricardo Rosselló, si lo hacen, mejor desmantelen el PNP y que venga el Partido Republicano Estadista y MAGA, al parecer, esta guerra es a muerte política y los zurdos boricuas no están jugando, están tan desesperados por ganar en el 2028, que eso los convierte en peligrosos.
¿También contra la Secretaria de Justicia?




